Conozco esa mesa de cocina. La he visto en Miami, en Houston, en Madrid: la carta oficial encima del mantel de hule, los sobres de la renta al lado, y una mujer que salió de Managua después de 2018 leyendo por tercera vez una línea que no cambia por mucho que la relea. El Departamento de Seguridad Nacional le informa que su Estatus de Protección Temporal terminó. Debe salir del país, o será deportada. La mujer no llora frente a los hijos. Dobla la carta, la guarda, y sigue haciendo la cena. Aprendió hace años que el miedo se administra en silencio.
Esa carta llegó el 17 de agosto a nicaragüenses y a otras doce nacionalidades. Es fácil archivarla como una noticia migratoria más, una de tantas en un año de operativos y titulares. Pero conviene detenerse, porque lo que hay debajo no es, en el fondo, un pleito sobre fronteras. Es una vieja lección sobre la naturaleza del poder, y quien la aprendió una vez la reconoce siempre.
Empecemos por los hechos, con calma de archivero. El TPS no es un derecho. Nunca lo fue. Es una gracia: la concede la firma de una secretaria de Seguridad Nacional y la retira la firma de otra. La secretaria Kristi Noem determinó que las condiciones en Nicaragua «han mejorado hasta el punto» de que los nicaragüenses pueden regresar «de manera segura». Lo escribió en el Registro Federal, con número de expediente y todo, como se escriben las cosas que quieren parecer definitivas. Un portavoz del Departamento lo dijo aún más claro: «El TPS nunca fue diseñado para durar un cuarto de siglo».
Y ahí, en esa frase burocrática, está el nudo. Tienen razón en un punto y una tragedia en el otro. Es verdad que un amparo temporal no debía volverse una vida entera de provisionalidad. Pero también es verdad que Washington acaba de certificar, con papel membretado, que la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un lugar «seguro» al que se puede volver. Que se lo pregunten a los obispos desterrados, a los presos que salieron del país esposados y despojados de su nacionalidad, a los miles que cruzaron el Darién precisamente porque no había regreso seguro. La misma dictadura de la que huyeron es hoy, por decreto administrativo, un país al que se les invita a volver.
Ese es el mecanismo, y funciona igual en las dos orillas. En Managua, un régimen prometió liberación y entregó cárcel, exilio y confiscación. En Washington, un Estado ofreció refugio y lo entregó con fecha de vencimiento invisible, sujeta al humor de un gobierno que cambia. No estoy igualando a la democracia con la tiranía; sería una torpeza y una injusticia. Pero sí señalo lo que ambas comparten: el poder que da por su sola voluntad, quita por su sola voluntad. Un favor no es una garantía. Y quien construye su casa sobre un favor, aunque pinte las paredes y pague sus impuestos veinticinco años, la construye sobre arena.
Los abogados que llevan el caso a los tribunales lo dicen sin adornos. Jessica Bansal, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, sostuvo que quitar el estatus a personas que llevan una década o más cumpliendo todas las reglas «no solo son crueles. También son ilegales». Ahilán Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, describió lo que enfrentan esas familias: no pueden regresar con seguridad a su país, pero se les arrebata el derecho de vivir y trabajar donde echaron raíces. Es, dijo, «una decisión imposible». La sienten hondamente quienes ya no tienen país de repuesto.
Me detengo en un rostro, porque la abstracción miente y el rostro no. Entre los demandantes hay un joven hondureño, Jhony Silva, que llegó a los tres años y trabaja en un hospital cuidando pacientes cardíacos. «Siempre he hecho las cosas de la manera correcta», declaró. Ahora teme perder su empleo y el único hogar que conoce. Multiplíquenlo por decenas de miles y tendrán la contabilidad real de esta firma: no un ajuste de política, sino vidas concretas devueltas a la intemperie.
He pasado la vida escribiendo la misma columna con pruebas nuevas, y esta es una más para el expediente. A los jóvenes que hoy creen que la seguridad se hereda con un permiso, que la buena conducta compra permanencia, que el Estado benévolo protege por naturaleza, les dejo la advertencia sin dramatismo: lo temporal fue siempre temporal, aunque durara un cuarto de siglo, porque dependía de una voluntad ajena y no de un derecho tuyo.
Y aquí termina el recorrido, en el único lugar donde puede terminar. La razón de Estado tiene sus cifras, sus registros federales, su «integridad del sistema». Todas son abstracciones, y toda abstracción que se cobra en vidas presentes ya es, en germen, una crueldad. Frente a ella no me queda gran cosa: solo un no. El no de decir que esta mujer, ese joven del hospital, esa familia que dobla la carta y sigue haciendo la cena, pesan más que cualquier expediente. Diré ese no la semana que viene, y la otra, y la otra. Es la única frontera que sé defender.