Hay una notaría en Usme, al sur de Bogotá, que cambió de dueño en el último suspiro de un gobierno. La número 78 quedó en manos de la que sería pareja del expresidente de Colpensiones, una funcionaria que hasta ayer despachaba en esa misma entidad. No es la única. La Notaría Sexta de Medellín para una exrepresentante liberal; la 23 de Cali para el aliado de un senador; la Segunda de Soacha para un congresista que empujó las reformas del gobierno en el Congreso. Ocho nombramientos firmados el 24 de julio, según rastreó La Silla Vacía, mientras el reloj de la Casa de Nariño corría hacia el 7 de agosto.
Uno se apura a decir que esto es apenas el trámite sucio de siempre, la propina del final. Pero conviene resistir la palabra fácil. Lo que se juega aquí no es una lista de compadres colocados a tiempo; es una pregunta más honda sobre qué hace un hombre con la máquina del Estado cuando la máquina deja de obedecerle. Porque el poder que se despide se retrata entero en cómo se despide.
Miremos el inventario sin adjetivos. A ocho integrantes del Estado Mayor de unos bloques de las disidencias los borró de la mesa de diálogo con una resolución, quitándoles el estatus de interlocutores con el argumento de que no mostraron voluntad de paz. Dejó firmada una resolución que declara reserva definitiva todo el bioma amazónico —el 42% del territorio nacional, según la propia norma— cerrado a nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos, justo lo que su sucesor prometió abrir. Sancionó una ley que obliga a las universidades públicas a dar comida a sus estudiantes, un gasto nuevo amarrado al cuello de un gobierno que llegó hablando de austeridad. Y por si algo faltara, el saliente ministro de Hacienda instaló a un economista de su confianza —director de un centro de pensamiento que él mismo creó— en el Comité que vigila la regla fiscal. Por cuatro años. Es decir, todo el mandato del presidente entrante.
Ahí está el dedo en la llaga. No se trata de premiar amigos, que eso es viejo como el cabildo colonial. Se trata de gobernar desde la tumba: dejar sembrado en cada ventanilla, en cada comité técnico, en cada notaría, a alguien que responde a la voz del que ya no está. El que se va no entrega el Estado limpio para que el siguiente lo administre; lo llena de fichas propias y lo vacía de los interlocutores que le estorbaban. Los cuatro embajadores que no alcanzaron a poner el cargo a disposición fueron declarados insubsistentes de un plumazo por el nuevo presidente —el reverso exacto del mismo instinto: el Estado tratado como planta de la casa, que cada dueño arranca y replanta a su gusto.
Esto tiene nombre y tiene quien lo diagnostique con datos frescos. El analista Sergio Ángel ha documentado cómo un gobierno que llegó prometiendo desmontar los clanes políticos terminó pactando con clanes tradicionales y colocando aliados hasta en la Corte Constitucional; la promesa de acabar con la maquinaria se convirtió en otra maquinaria. Y en *How Democracies Die*, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt enumeran las señales del deriva autoritaria: "the rejection of democratic rules of the game; the denial of the legitimacy of political opponents; tolerance or encouragement of violence; and a willingness to restrict civil liberties of the opposition and the press". No hace falta que estén las cuatro juntas para que el patrón se reconozca. Basta con ver a un hombre que, perdido el trono, sigue mandando por interpuesta persona.
Aquí el liberal clásico no se engaña con la coartada del bien común. Blindar la Amazonía puede ser una buena causa; obligar a alimentar estudiantes puede sonar generoso. Pero el método delata la sustancia. Cuando una decisión de fondo se firma en la puerta de salida, sin el respaldo de las urnas que ya no acompañan y sin el nuevo mandato que ya no existe, no estamos ante una política: estamos ante un candado. La diferencia entre gobernar y atornillar es la misma que hay entre la regla que ata a todos y el favor que ata a los míos.
Y es que el caudillo —el hombre fuerte que confundió el aplauso de la plaza con un título de propiedad sobre las cosas públicas— nunca se ve tan puro como en el adiós. En el poder, la vanidad se disfraza de proyecto. En la retirada, se desnuda: reparte lo que no es suyo porque en el fondo siempre creyó que sí lo era. El Estado como hacienda personal no es un exceso del final, es la brasa que ardía debajo todo el tiempo.
Quedan, entonces, dos herencias. Una es la clientela: los nombres colocados que un decreto del siguiente puede borrar tan rápido como se firmaron, porque lo que se hereda por favor se pierde por favor. La otra es la única que no depende de ningún dueño: la regla escrita que obliga también al que la escribió, el tribunal que no pregunta quién nombró al notario sino si el nombramiento fue legítimo, el aula que forma ciudadanos donde el caudillo solo quería súbditos agradecidos. Los notarios de julio serán olvidados. La pregunta de si el Estado es de todos o del último que salió corriendo con las llaves, esa sí que se queda. Y esa no se firma por decreto: se educa, se litiga y se defiende, despacio, contra el instinto ruidoso de los que creen que el país cabe en una notaría.