La mañana del 12 de agosto, en el salón desde donde se gobierna México, una pantalla se encendió con nombres. No eran prófugos ni acusados con expediente abierto; eran periodistas, comentaristas, medios y políticos de oposición, ordenados en la diapositiva como piezas de un mismo mecanismo. La consejera jurídica los llamó “ecosistema de amplificación digital”. El gobierno jura que no era una lista, y la presidenta dijo que eran apenas ejemplos de cómo operan las redes. Pero cuando el aparato del Estado proyecta los rostros de ciudadanos particulares desde su tribuna y los amarra a una maquinaria montada —según él mismo— para combatirlo, la palabra que usemos importa menos que el gesto. Alguien, desde arriba, decidió quién es sospechoso.
Y conviene detenerse aquí, porque esto no trata en el fondo de bots ni de redes sociales. Trata de algo mucho más viejo: de qué manda en un país, si la regla escrita que ata por igual al ministro y al ciudadano, o la voluntad del que ocupa el estrado y puede, con solo nombrarlo, volver sospechoso a quien lo incomoda.
Importa quién hizo la presentación. Luisa María Alcalde Luján llegó a la Consejería Jurídica desde la presidencia de Morena. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concibe esa oficina como órgano de apoyo técnico-jurídico de la Presidencia: la instancia que asesora para que el poder se conduzca dentro del marco legal. Convertirla en vocería recurrente contra medios y opositores borra la línea que en una democracia debe quedar nítida, la que separa al partido del gobierno. Cuando el que ayer dirigía la campaña hoy señala desde el Estado, no hay dos funciones; hay una sola pasión con dos sombreros.
El problema de fondo no es la incomodidad del gobierno con la crítica —tiene derecho a responder, a desmentir, a defender sus decisiones—, sino el mecanismo. Un tribunal se distingue de una plaza en una sola cosa: en el tribunal, el acusado sabe de qué se le acusa, tiene quién lo defienda y un juez que no es su acusador. La conferencia matutina no ofrece nada de eso. El señalado se entera por la pantalla, no por una notificación; no hay pliego, no hay prueba sometida a contradicción, no hay recurso. La carga de la prueba se invierte de golpe: ya no es el Estado el que debe demostrar la falta, sino el ciudadano el que debe probar su inocencia frente a una acusación que nunca tomó forma legal. Eso no es investigar. Es sentenciar, y hacerlo en el único juicio donde el juez es también la parte ofendida.
Mostremos los recibos, porque la casa no acusa con adjetivos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya advirtió a México que las declaraciones oficiales contra periodistas exacerban la hostilidad hacia ellos, y lo hace en un país donde ejercer el oficio ya cuesta la vida. Organizaciones civiles como SomosMx expresaron su preocupación por que la tribuna del gobierno se use para identificar y señalar públicamente a periodistas y analistas. No es un episodio suelto. En 2025, una iniciativa presidencial en telecomunicaciones incluyó una disposición para bloquear temporalmente plataformas digitales; ante las voces que gritaron censura, la presidenta pidió revisarla. Hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene en consulta, hasta el 21 de agosto, lineamientos que obligan a distinguir la información de la opinión. El gobierno promete que las sanciones serán administrativas y no por contenidos. Pero esa Comisión ya no tiene la autonomía constitucional del extinto IFT: es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital. El árbitro dejó de ser independiente para volverse empleado.
Cada pieza, por sí sola, admite explicación. Juntas dibujan un patrón, y el patrón tiene precedente medible en la región. Human Rights Watch documentó cómo, en la Venezuela de Chávez, la acumulación de poder en el Ejecutivo y el desmantelamiento de las garantías institucionales le dieron al gobierno vía libre para intimidar, censurar e investigar a quienes criticaban al presidente. No hace falta la analogía extrema para leer la lección: el señalamiento desde arriba no empieza con la cárcel. Empieza con una lista que no es lista, con un juez que asesora, con un árbitro que obedece. La reforma judicial que ahora elige jueces por voto popular y la desaparición de los órganos autónomos completan el cuadro: se van quitando, uno a uno, los códigos que ataban al que manda.
Aquí está el nervio de todo. El caudillo, el hombre fuerte que gobierna por el favor de la plaza, nunca ha necesitado prohibir la crítica; le basta con volverla peligrosa, con enseñar en público que criticar tiene un costo. Frente a esa fuerza personal solo hay un remedio, lento y sin brillo: la regla impersonal que protege igual al que aplaude y al que abuchea, el debido proceso que impide condenar a nadie sin juicio. Un pueblo se gobierna cuando sabe leer un contrato; una clientela solo sabe corear un nombre. La diferencia entre uno y otro es la escuela paciente de las garantías, esa que enseña que ningún poder está por encima de la ley que él mismo escribió.
El señalamiento es ruidoso y dura una mañana; el derecho a defenderse es callado y dura siglos. Y ante el tribunal de la historia —el único que el poder no preside— ningún gobernante ha ganado jamás el juicio que se negó a celebrar.